Gobierno Abierto ha cobrado fuerza como un paradigma que conceptual y prácticamente permite innovar en la gestión pública. Lo que pocos quieren entender es que llevado a la práctica, las agendas políticas se tensionan cuando incorporan elementos de participación ciudadana (elemento central del Gobierno Abierto). Hay costos y dificultades que muchas veces se desatienden por no entender la dimensión política y práctica de estos procesos. En esta columna escrita originalmente para el BID, se resumen aprendizajes de un estudio realizado para la misma institución, sobre los desafíos políticos de las políticas públicas sobre Gobierno Abierto en América Latina, ofreciendo algunas ideas para que el debate.

“La implementación integral de cualquier agenda de Gobierno Abierto se tensiona políticamente al momento de incorporar los componentes de participación y colaboración”.

Una de las mayores interrogantes expresadas por los participantes del Primer Diálogo Regional de Política de Gobierno Abierto del Banco Interamericano de Desarrollo fue cómo promover una mayor participación ciudadana.

De acuerdo al informativo estudio presentado por Ramírez-Alujas y Dassen (ver estudio completo), uno de los mayores desafíos para los países en materia de Gobierno Abierto es precisamente hacer mejores esfuerzos en las tareas relativas a los componentes de participación y colaboración. Los avances en estos temas en América Latina y el Caribe han sido disímiles puesto que cada país ha ido adoptando medidas de acuerdo a sus necesidades institucionales. Sin embargo, hubo consenso respecto de que los componentes de participación y colaboración han sido menos protagónicos en las agendas nacionales de Gobierno Abierto (ver reciente post de Ramírez-Alujas).

En un intento por aportar luces al debate, en la conferencia presenté los desafíos políticos relativos a la implementación de estrategias de participación y colaboración ciudadana (ver estudio completo).

Desde mi perspectiva, la implementación integral de cualquier agenda de Gobierno Abierto se tensiona políticamente al momento de incorporar los componentes de participación y colaboración. ¿Por qué? Porque presupone gestionar la interacción entre ciudadanos y gobierno; porque se trata de una interacción multidireccional, tornándola más dinámica; porque se busca transitar desde un ciudadano-receptor a un ciudadano-gestor de la provisión de servicios públicos y porque requiere que los gobiernos entiendan que el poder ya no lo ejercen solamente ellos, sino que hay una ciudadanía que ha transformado el espacio público para influir en el debate nacional.

Mostré un caso para el mundo local donde comparé dos aproximaciones opuestas de dos Municipios chilenos respecto del involucramiento ciudadano para la provisión de servicios públicos. (Ver cuadro 1). Al respecto hay algunos aprendizajes en torno a dicha experiencia que pueden ser útiles, sobre todo para hacerse las preguntas correctas al momento de avanzar hacia espacios más colaborativos en la co-ejecución de servicios públicos. Los cuadros 2 y 3 sintetizan dicho análisis.

Las tensiones de la implementación

A partir de esta evidencia, hay seis tensiones que genera implementar estrategias de participación ciudadana que deben tomarse en cuenta:

  • Éxito electoral vs. políticas participativas y colaborativas. Involucrar a la ciudadanía es costoso en tiempo, liderazgo y presencia de autoridad.
  • Velocidad de los cambios vs. democratización de los espacios de toma de decisiones. ¿Puede detenerse el desarrollo de un país esperando que decida una asamblea?
  • Conocimiento técnico vs. conocimiento local. ¿Cuánto de cada uno? ¿Y cómo organizarlo para que ambos enfoques conversen adecuadamente?
  • Institucionalizar la participación vs. no anularla. ¿Cómo propiciar institucionalmente la participación sin cooptar liderazgos locales?
  • Promoción de prácticas participativas vs. desconfianza hacia instituciones políticas. ¿Cómo promover la participación en un contexto de descrédito de las instituciones públicas y políticas?
  • Institucionalizar la participación vs. gestionarla realmente. Es recurrente el error de creer que la sola apertura de nuevos canales de interacción entre gobierno y ciudadanos logra por sí sola la gestión de procesos participativos.

Esta última tensión plantea un problema aún mayor que tiene que ver con la aproximación a la gestión pública que tienen en general los funcionarios públicos en América latina y el Caribe. (Pero también en el mundo).

Taylor define a los gobiernos como “casas editoriales” en el sentido que dedican gran parte de su tiempo a escribir y publicar leyes e instructivos, creyendo que la labor de los organismos públicos termina una vez que tales escritos han sido publicados, desatendiendo la complejidad que implica gestionar el accionar de otros actores políticos y sociales.

Si al hablar de Gobierno Abierto se habla de innovación en el sector público, se debe transitar desde “los gobiernos como editoriales” hacia una cultura de “los gobiernos como diseñadores e innovadores”, donde los funcionarios públicos puedan probar con y para la gente nuevas prácticas que involucren a la ciudadanía. Esto implica  adquirir un mayor gusto por los errores y por procesos tal vez más largos, administrando la inherente tensión de alinear expectativas ciudadanas con los tiempos electorales, tal como lo refleja el caso local chileno.

Si hubo una gran conclusión del primer diálogo regional fue que los países presentes estuvieron de acuerdo en el valor que representa el nuevo paradigma de política pública llamado Gobierno Abierto. Por tanto, el desafío ahora es pasar de un enfoque de las políticas públicas (qué hacer) a otro de gestión pública (cómo hacerlo y lograrlo).

En ese sentido, los gobiernos no sólo tienen la tarea pendiente de hacer mandatos participativos y colaborativos más explícitos, sino que además, una vez declaradas tales intenciones, dedicarle energías, recursos y liderazgo a gestionar realmente que eso suceda.

Conclusiones

Finalmente, de las diez reflexiones finales expuestas en la presentación que hice, hay tres que pueden ayudar a trazar caminos realistas (que consideran las dificultades políticas) para promover mejores espacios de participación en la región:

  • Replicar y escalar rápido. Como vimos en el caso de estudio, la gestión de la participación ciudadana sucede de mejor manera en contextos locales. Por tanto una buena forma de aproximarse a un Gobierno Abierto integral sería desarrollar pilotos a nivel local que se hagan cargo de las tareas pendientes de Gobierno Abierto (participación y colaboración) y luego replicarlos y escalarlos a niveles nacionales.
  • Recalibrar los indicadores de éxito político. Es cierto que la gestión de la participación esta tensionada por los tiempos políticos. Reconocer este hecho permite diseñar estrategias que contemplen estos desafíos y busquen alinear incentivos tanto electorales como de mejora de la democracia en general.
  • Liderazgo. Otra gran conclusión de la conferencia fue que el rol que las autoridades políticas tienen en estas complejas agendas es crítica para el éxito del Gobierno Abierto. De nada sirve repensar el paradigma de política pública si no hay liderazgos capaces de implementar cambios difíciles. Eso significa adoptar medidas muchas veces impopulares y asumir que un nuevo estándar en la provisión de servicios público es posible y deseable.

Abrirse a reflexionar estos temas ya es un logro. Pasar de un debate abstracto y teórico a uno práctico y político es un gran primer paso para avanzar en la línea correcta. Ahora depende que los gobiernos estén dispuestos a gobernar nuevas ciudadanía con también nuevos paradigmas.